El juez envía a prisión a uno de los detenidos por agresión en la manifestación de la perrera

El juez que instruye el caso de las agresiones sufridas por dos ediles del Ayuntamiento de Cádiz tras una manifestación contra el maltrato animal el pasado domingo decretó al mediodía de ayer prisión preventiva para el varón de nacionalidad italiana, Simone R, y prisión bajo fianza de 3.000 euros para la otra mujer de 37 años, Isabel S., tras haber permanecido durante 72 horas en los calabozos de la Comisaría de Policía.

Los dos acusados declararon nuevamente en la mañana de ayer ante el juez por delitos de atentado a la autoridad, lesiones y amenazas. Igualmente, las dos ediles agredidas, Carmen Obregón, del Partido Popular, y Natalia Álvarez, del PSOE, también fueron llamadas por el Juzgado número dos de lo Penal, ratificándose en la denuncia interpuesta tras los hechos el pasado domingo, y presentaron los informes de las lesiones sufridas. Junto a las concejalas cuatro agentes de la Policía Nacional y tres de la Policía Local comparecieron ante el juez para dar su versión de los hechos.

El juez instructor estimó el desarraigo del ciudadano italiano como un riesgo de fuga al no tener un domicilio fijo en España. Simone R. pasará en prisión el tiempo que dure la instrucción del caso hasta que se dicte una sentencia en firme. Según los abogados de la defensa el proceso de instrucción podría durar más de seis meses. El procesado pasará la espera en la prisión de El Puerto de Santa María a la que se le ha trasladado. La otra detenida ya goza de libertad gracias a los 3.000 euros que la familia ha depositado como fianza.

A la salida de los juzgados la edil popular Carmen Obregón declaró que ha reconocido a la detenida como la que le propinó el golpe en la cara, aunque no registraba muestras palpables de la agresión.

Los familiares de los detenidos esperaban en la puerta de los juzgados indignados por la decisión judicial. El fiscal pidió para ambos acusados prisión preventiva, lo que provocó la incredulidad de los abogados de la defensa. Los cargos que el juez les imputa a ambos son los de alteración del orden público y atentado contra la autoridad. La pena estipulada para estos delitos podría llegar hasta los seis años de prisión.

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