Musharraf se aferra a la presidencia de Pakistán amparado sólo por su partido

El general Pervez Musharraf cumplió con el guión previsto. No se quitó el uniforme y ganó de calle unas elecciones presidenciales en las que prácticamente sólo votaron los miembros de su partido. Los resultados, sin embargo, no se harán oficiales hasta que el próximo día 17 el Tribunal Supremo decida si su candidatura es o no válida. Desde la sede de la formación ganadora, la coalición de la Liga Musulmana de Pakistán Quaid e Azam, informaron que su candidato obtuvo 671 de los 685 votos que se emitieron entre el Senado, la Asamblea Nacional y las cuatro provinciales. Instantes después de cerrarse las urnas, pasadas las tres de la tarde, el primer ministro, Shaukat Aziz, se apresuró a anunciar una victoria cantada y valorarla como «un impulso a la democracia».

Los representantes del Partido Popular de Pakistán (PPP) de Benazir Bhutto no retiraron sus candidaturas, pero sus representantes se abstuvieron. Según Makhmud Amin Fahim, su aspirante a la presidencia, que no obtuvo un solo voto de apoyo, «nos mantenemos al margen porque la elección es anticonstitucional ya que Musharraf sigue siendo militar». El PPP es la principal fuerza de la oposición y su participación sirvió para maquillar la imagen de unos comicios a los que de otra forma sólo hubieran comparecido los hombres del general. El tercero de los candidatos, Wajihu ddin Ahmed, que representaba a los jueces del país, obtuvo ocho votos. Las cinco papeletas restantes fueron declaradas nulas.

En las votaciones faltaron 199 representantes de las formaciones islámicas más conservadoras, que boicotearon la cita electoral por considerarla ilegal.

Vítores y protestas

«Un gran paso para la democracia», según los ganadores. «Un insulto a la Constitución» para sus opositores. Las elecciones de ayer tenían un margen nulo de sorpresa. En las calles apenas un puñado de seguidores del presidente salió a manifestar su alegría por la victoria. Al grito de «¿Larga vida a Musharraf» y con pancartas con lemas como «¿Eres la persona que necesita Pakistán!», recorrieron los aledaños del edificio de la Asamblea Nacional durante la mañana.

La capital amaneció tomada por la Policía y se establecieron controles en los principales accesos. Los grupos de la oposición, que habían hecho un llamamiento a la huelga general, no consiguieron que sus piquetes fueran efectivos y los comercios trabajaron con total normalidad. Algunas pequeñas manifestaciones de la oposición, controladas por férreos cordones policiales, agitaron ciudades como Rawalpindi, Lahore o Peshawar, donde una concentración de jueces críticos provocó que al menos una persona resultara herida y la quema de un vehículo policial.

Pacto de poder

Pakistán se adentra en un proceso que nunca en sus sesenta años de historia había iniciado. Los continuos golpes de estado y el carácter autoritario de sus dirigentes, que no dudaban en disolver las cámaras antes de tiempo, había impedido a cualquier asamblea nacional cumplir los cinco años que marca la Constitución. Resulta llamativo que bajo el mando de un presidente golpista y vestido de uniforme, por primera vez un hemiciclo esté a punto de cumplir el plazo legal.

Ahora queda esperar al próximo día 17 para saber si el Supremo mantiene la validez de la candidatura de Musharraf. Superado este trámite, el 15 de noviembre se disolvería la cámara y se formaría un Gobierno de transición con el objetivo de preparar las elecciones generales en un plazo de dos meses.

Musharraf tiene las cartas sobre la mesa. Esperará a la decisión del Supremo para anunciar su renuncia a la jefatura militar y mientras mantendrá el pacto de reconciliación nacional con su eterna enemiga, Benazir Bhutto -cuyo regreso está fijado para sólo un día después del veredicto del Supremo-, que espera resultar ganadora de las próximas elecciones generales y ser nombrada primera ministra por tercera vez.

Los resultados no son oficiales, pero los analistas locales coinciden en señalar que la anulación de la victoria del general sería un revés muy serio para estabilidad del país y acusan a los partidos de interpretar el texto constitucional según les convenga.