La Audiencia da a conocer mañana si son aceptadas o no las escuchas de la 'Operación Karlos'

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz dará a conocer mañana su decisión sobre si son aceptadas o no las escuchas telefónicas que originaron el descubrimiento de la trama de presunta estafa a la Seguridad Social denominada como 'Operación Karlos', después de que el pasado lunes se celebrara una vista por el recurso interpuesto sobre la validez de las citadas escuchas, según informaron fuentes de la Audiencia.

Durante la celebración de la vista por el recurso, la Fiscalía consideró que las intervenciones telefónicas son válidas y que no se produjo una falta de motivación para las citadas escuchas, mientras que la defensa aseguró que eran nulas en su totalidad y pidieron, "por coherencia", el archivo y sobreseimiento de la causa.

El fiscal defendió que gracias a las escuchas telefónicas se pudo saber más de la operación que si se hubiera tenido que investigar sólo por pruebas documentales. Asimismo, entendió como "perfectamente válido" el primero de los autos establecidos para las intervenciones, ya que indicó que recogían indicios de delito para que se tuvieran en cuenta.

A juicio de la Fiscalía, no fue vulnerado el principio de legalidad de las escuchas, ya que explicó que las investigaciones por la 'Operación Halcón' y por la 'Operación Karlos' estaban "entrelazadas" en cuanto a su "mecánica delictiva". Así, explicó que "no se trata de que hasta el día 20 se hacía una cosa --por los investigados en las escuchas-- y a partir del día 30 otra, ya que hay llamadas el mismo día de los delitos entrelazadas".

Por ello, el fiscal defendió que la investigación "era imposible hacerla de otra forma dada su complejidad", ya que hubiese estado "fuera de la misma eficacia". En este sentido, indicó que por la finalidad y el tipo de infracción "toda está englobado por la resolución que amparaba la intervención telefónica".

Competencias de vigilancia aduanera

Uno de los argumentos esgrimidos por parte de la defensa, en concreto por Alfredo Velloso (defensor de Carlos Carretero), fue la "falta de competencias" por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera para investigar la operación. Hay que recordar que la 'Operación Karlos' salta a raíz de la investigación realizada por este servicio sobre la 'Operación Halcón', cuyo principal implicado, supuestamente, es Carlos Carretero en ambas operaciones.

El abogado defensor se refirió a una resolución de septiembre de 2003 por la que "no se da consideración de policía judicial" a Vigilancia Aduanera y aseveró que este servicio "no se incluye dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", añadiendo que "prueba de ello" fue que cuando se realizaron detenciones fue la Guardia Civil quien procedió a llevarlas a cabo.

Por contra, el fiscal defendió la competencia de Vigilancia Aduanera argumentando que su investigación se limitó a conocer el nombre completo de Francisco Casto (el inspector médico imputado por ser supuestamente uno de los cabecillas de la trama junto a Carlos Carretero) y los datos de dónde trabajaba. Así, afirmó que "no se ha hecho una investigación con agentes secretos, sino que la información que se lleva al juzgado es la que se desprende de las escuchas".

Asimismo, otro de los argumentos utilizados por el abogado de Carlos Carretero para pedir la nulidad de las escuchas y el archivo del caso fue las competencias del juez instructor. En principio, la instrucción se llevó a cabo por los juzgados de Jerez que también llevaban la 'Operación Halcón', cuando a juicio del letrado, la investigación e instrucción de la 'Operación Karlos' se tenía que haber remitido a la "demarcación jurisdiccional competente" que era Cádiz, ya que consideró que el delito se cometió en la capital gaditana.

Este argumento también fue rebatido por el fiscal de la Audiencia Provincial gaditana, que apuntó que "no hay que olvidar que muchas de las personas implicadas y actos son de Jerez o Ubrique".

Autos para las escuchas

Por su parte, Felipe Meléndez (abogado defensor del médico Francisco Casto) defendió que las intervenciones no fueron "debidamente autorizadas" y recordó que el propio juez instructor manifestó la existencia de "diversas grietas que amenazaban la solidez de las investigaciones".

El letrado dividió en tres bloques las diferentes intervenciones telefónicas que dieron pie al descubrimiento de la trama. El primero de los bloques de escuchas depende de un auto dictado el 23 de noviembre de 2005 y con finalización el 21 de enero de 2006 (supuestamente autorizado para la investigación de la 'Operación Halcón').

El segundo de los autos se debe a una prórroga concedida del anterior con fecha de inicio el 21 de enero de 2006 y finalización el 26 de enero de ese mismo año, cuyas escuchas realizadas durante esos días ya han sido anuladas por el juez instructor. Finalmente, el tercero de los autos cuenta con fecha de inicio del 26 de enero y terminación en marzo.

El abogado defensor de Francisco Casto argumentó que en la solicitud del auto con fecha del 26 de enero se pide la autorización para realizar escuchas "del mismo teléfono que apareció en noviembre", cuando supuestamente sólo se investigaba la 'Operación Halcón', por lo que se preguntó "para qué se pidió esa prórroga si estaba intervenido el teléfono (que dio paso a la 'Operación Karlos') desde el mes de diciembre".

Igualmente, se preguntó cómo se puede pedir la intervención de un teléfono y en esa petición ya consta que hay otro delito, el nombre completo de Francisco Casto y el modus operandi de la trama, "haciendo valer la investigación realizada en noviembre de 2005" por la 'Operación Halcón'.

A juicio del abogado, cuando el Servicio de Vigilancia Aduanera detectó el 28 de noviembre de 2005 la existencia de otro supuesto delito diferente al relacionado con la 'Operación Halcón' (que era el que estaban investigando) debió ponerlo en conocimiento del juez y no investigar "sin ningún tipo de procedimiento".

Finalmente, el letrado de la defensa José Alvarez defendió la existencia de "falta de control" del principio de legalidad para las escuchas telefónicas. En este sentido, afirmó que el Ministerio Fiscal no fue informado de ninguno de los autos que permitían la intervención de las escuchas e indicó que sólo hay un escrito en la que se hace partícipe a la Fiscalía de que se van a incoar diligencias previas, supuestamente por las investigaciones realizadas previamente en las escuchas.