Concluye la instrucción con un segundo procesamiento para la alcaldesa de Rota

El año ha arrancado mal para el Gobierno local de Rota. Hace apenas unos días se conocía que el próximo 9 de marzo se sentarán en el banquillo la alcaldesa y aún candidata del PP para las elecciones, Eva Corrales, y su mano derecha, Lorenzo Sánchez (RRUU), por el 'caso horas extras'.

Y este lunes por la mañana se comunicaba a las partes el auto de procesamiento de la jueza María Teresa Cuberos, instructora del ' caso uniformes', quien da por concluida la investigación y mantiene la imputación contra 21 personas, entre ellas, de nuevo, Corrales y Sánchez.

A partir de ahora se abre un plazo de diez días para que se presenten los escritos de acusación, las peticiones de sobreseimiento previsibles por parte de las defensas o la solicitud de diligencias complementarias.

La lista de imputados señalados por la jueza del nº 2 de Rota ante la "existencia de indicios racionales de criminalidad" es comprometedora para el Partido Popular.

El auto al que ha tenido acceso LA VOZ señala también al alcalde de Chipiona, Antonio Peña, por su etapa de edil en el Consistorio roteño y al actual concejal y vicepresidente tercero de la Diputación Provincial, Juan Antonio Liaño. También constan dos exediles populares: Auxiliadora Delgado e Ismael Puyana (este último funcionario municipal).

La investigación afecta al socio de Gobierno del PP en el Consistorio no sólo en la figura del exalcalde. También aparecen mencionados por la jueza como presuntos responsables de delitos de prevaricación y gestión necesaria las concejales de Roteños Unidos María del Carmen y Montemayor Laynez; el exedil Antonio Alcedo y el hermano de Eva Corrales, quien formara parte del partido localista hasta que en los pasados comicios municipales encabezó la lista del PA.

Las empresas y el hombre de paja

La instructora concluye que Lorenzo Sánchez, Ismael Puyana, sus esposas Rosario Pacheco y Sonia Rodríguez, junto a los ediles Montemayor Laynez y Antonio Alcedo celebraron durante años contratos de suministro de prendas de trabajo con el Ayuntamiento pese a que su condición como cargos públicos y cónyuges les impedía por ley lucrarse por esta vía.

Las empresas que abastecían de uniformes al Consistorio y otras empresas municipales son la cooperativa Coanda Costuras que fundaron Lorenzo Sánchez, su esposa, Montemayor Laynez y Rosario Alcedo; la sociedad Epis Rotasur, que creó el matrimonio Sánchez y Pacheco en los años 90; Coanda Costuras S.L.U., que para la jueza es "la continuación" de las dos empresas anteriores. Una suerte de creación mercantil para intentar burlar la ley de compatibilidades al frente de la cual se puso a un "hombre de paja", Isidro Bejarano, según la jueza.

En el epicentro de la investigación una cuarta empresa, Pacheco Puyana S. L., constituida por las esposas del exalcalde y del exedil Ismael Puyana.

"Para poder contratar con la corporación local y burlar la normativa interna de contrataciones, se decidió de común acuerdo (...) realizar una venta ficticia de las participaciones sociales" de la mujer del exalcalde al hombre de paja. De esta manera, los acusados pretendían que sus empresas siguieran accedieron a contratos municipales pese a su condición de cargos públicos.

Cooperadores con el voto favorable

A Eva Corrales como al alcalde de Chipiona, le acusan de haber dado su voto favorable como miembros de la Corporación a las sucesivas adjudicaciones a dedo de esos contratos a las sociedades vinculadas a Lorenzo Sánchez. La fórmula elegida para eludir el concurso era no superar las cuantías que fija la normativa para los contratos menores de suministro.

Pero no fue la única mecánica que se siguió para favorecer que los contratos acabaran en manos de las empresas del exalcalde y los concejales, según la jueza instructora.

Para aquellos en los que se exigía la invitación de otras empresas debido al volumen de inversión, se acortaban los plazos para que no hubiera tiempo material de que hubiera competencia en los concursos. Así, proveedores como El Corte Inglés que habían sido invitados a algún proceso, desistieron de presentar ofertas.

En otros casos, se echaba mano de las empresas públicas que están sujetas a una normativa de contrataciones más laxa que una administración. Así, en el auto se cita cómo la entonces delegada de Fiestas, Eva Corrales, solicitó la construcción de siete bateas de Carnaval a través de la empresa pública de aguas Aremsa. Algo que no tiene de inicio sentido.

Sin embargo, sí lo halló la investigación. El objetivo era "burlar la ley de contratos públicos, ya que según la normativa interna de Aremsa, si no superaba la cantidad de 50.000 euros, podían adjudicar directamente" sin necesidad de concurso. El contrato por valor de 45.472 euros recayó en la empresa de las esposas de Sánchez e Ismael Puyana (quien trabajaba por esas fechas en la delegación de fiestas).

La jueza señala otras irregularidades como "hacer caso omiso" a las indicaciones del interventor cuando advertía que se estaban incumpliendo los procedimientos o ajustar el precio de las adjudicaciones para esquivar los concursos públicos. A través de estas fórmulas las empresas del exalcalde y sus amigos concejales se embolsaron unos 800.000 euros entre 2003 y 2013.