2015: año de elecciones, año de decisiones judiciales

La agenda judicial para 2015 está cargada de momentos claves en los múltiples procedimientos que salpican a cargos públicos de la provincia. Estos avances y en algunos casos, desenlaces, en procesos muy mediáticos coinciden con un año de elecciones municipales en donde los partidos se juegan el control y permanencia en las corporaciones locales, pasar a la irrelevancia o refrendar las buenas estadísticas.

Las decisiones judiciales suelen usarse como artillería pesada contra el rival político para desprestigiarle aunque entre en profundas contradicciones con problemas similares en sus propias filas.

Esa estrategia política se intensifica en fechas marcadas por unas elecciones. Además, con la corrupción como principal preocupación de los electores, sólo superada por el paro, según la última encuesta del CIS, las formaciones deben tomar decisiones con respecto a aquellos imputados o procesados que optan por un puesto en las listas.

Ya ha habido pronunciamientos como el del PP provincial, que respalda a su candidata a la Alcaldía de Rota, pese a que tiene encima de la mesa una petición de cárcel de la Fiscalía.

La duda es si mantendrá esa misma posición con respecto a otros imputados, la cual es contraria a las ‘operaciones de limpieza’ que promulgan otros líderes populares territoriales como el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, empujando a la salida a los implicados en la trama Gürtel.

Pacheco y Sánchez

Este calendario judicial arranca esta semana que entra con la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), regresando al banquillo de los acusados por el ‘caso PTA’. Aunque defenestrada políticamente y fuera de su puesto como directora general en la Junta, su gestión del pasado sigue siendo argumento de confrontación para el actual equipo de Gobierno de Jerez.

Sánchez, que ya está condenada a dos años de cárcel por el desvío de subvenciones para el pago de la nómina municipal, debe enfrentarse a su última cuenta pendiente. Este martes comienza el juicio en el que se juega una pena de siete años de cárcel, que solicita la Fiscalía Anticorrupción. De confirmarse esta petición, el ingreso en prisión de la exregidora sería irremediable.

En el ‘caso PTA’ se analizará la concesión presuntamente irregular de una ayuda de 244.000 euros a la empresa Tinsa para que se instalara en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA). El fiscal sostiene en su escrito de acusación, que Sánchez sólo perseguía beneficiar a esta sociedad.

El otrora rival político de Pilar Sánchez y promotor de la primera causa judicial que la llevó ante el tribunal de la Audiencia, Pedro Pacheco (Foro Ciudadano), deberá regresar también este año al banquillo. Tiene dos causas judiciales muy avanzadas que pueden aumentar su tiempo en prisión.

Por el pelotazo urbanístico que supuso la venta de la estación de autobuses de Jerez a su amigo el empresario José Luis López ‘El Turronero’, Anticorrupción solicita siete años de cárcel. Una operación de especulación ejecutada en plena burbuja inmobiliaria que está tan sólo a falta de fecha para la vista oral.

Sin embargo, por el supuesto pago de las obras de la casa del Rocío de la hermandad de Jerez, con dinero procedente del presupuesto para las obras de los barrios, su enjuiciamiento puede retrasarse. Fuentes judiciales han confirmado que uno de los testigos claves del caso, el dueño de la constructora Jerecom que realizó los trabajos y que confesó el apaño ante el juez, está en paradero desconocido. El fiscal pide una pena de seis años de cárcel para el exalcalde.

El destino de la Gürtel

En Jerez, sus últimos alcaldes no se libran de ser investigados por la Justicia. Este año también debe conocerse si el juez Ruz archiva la investigación sobre García-Pelayo o si observa indicios de delito, deriva la pieza de la Gürtel referente a una adjudicación del Ayuntamiento de Jerez al Tribunal Supremo dada la condición de senadora de la alcaldesa.

Esa decisión puede producirse en plenas elecciones en una de las principales ‘plazas’ que se disputan los partidos en la provincia.

¿Dimisiones en Rota y Chipiona?

Sin acabar el mes de enero, en los juzgados de Sanlúcar está previsto que comparezca como imputado el alcalde de Chipiona, Antonio Peña (PP), para que responda a la denuncia de Anticorrupción por contrataciones irregulares de afines al Gobierno local en una sociedad municipal. Peña aseguró, tras conocerse la apertura de diligencias, que dimitiría en caso de ser imputado por el juez. De llevarla a efecto, descabezaría la lista de los populares.

Sin abandonar la costa noroeste y este primer mes del año, que apunta a ser muy intenso informativamente, la jueza del nº2 de Rota ya ha transmitido verbalmente su intención de dictar antes de que acabe enero el auto de procesamiento que cierre la instrucción del ‘caso uniformes’. Fuentes judiciales confirman a LA VOZ que la jueza instructora María Teresa Cuberos se traslada y quiere dejar finiquitada esa investigación.

Cuberos ya ha ordenado el procesamiento de la alcaldesa Eva Corrales (PP) y de su socio de Gobierno, Lorenzo Sánchez, por el pago irregular de horas extras y la adjudicación ilegal de contratos a un funcionario municipal. Por esta causa, el fiscal pide cuatro años de cárcel e inhabilitación para la regidora y apartar de las responsabilidades municipales a su teniente de alcalde.

La dirección provincial del PP ya se ha pronunciado apoyando a Corrales y restando importancia a las graves acusaciones que formula el fiscal.

Roteños Unidos se ha expresado en la misma línea de defensa con respecto a Lorenzo Sánchez, quien mermado físicamente, mantiene su acta de concejal, su espacio de poder en el Gobierno local y aún no ha despejado la incógnita de si volverá a repetir como cabeza de lista. Su formación, no lo impediría.

Imputaciones esperadas en Cádiz

En la capital, un caso de supuesta injerencia política para alterar el listado de adjudicatarios de las viviendas sociales de Matadero puede estallarle al Gobierno local (PP) en vísperas de campaña. Han transcurrido más de siete meses desde que la Fiscalía interpusiera denuncia por supuesto delito de prevaricación, señalando como posibles responsables a las concejalas Mercedes Colombo y Carmen Sánchez.

Sin embargo, ninguna ha sido citada a declarar aún por el juzgado de Instrucción nº 1 de la capital. Una citación que, debido al tiempo que ha pasado desde que fue admitida la denuncia, debería producirse en el primer trimestre del año, salvo que el juez ordenara el archivo sin tomarle ni si quiera manifestación a las concejalas. Una decisión que causaría sorpresa.

El PSOE está personado en esta causa y si las ediles populares son llamadas por el juez como imputadas, a buen seguro que su comparecencia será ampliamente explotada.

Es la misma estrategia que han empleado concejales del PP cuando los debates del Pleno se convierten en peleas insustanciales, recordando, por ejemplo, la situación de imputada de la exportavoz del grupo municipal socialista, Marta Meléndez, en el ‘caso ISE’.

Citación en San José del Valle

Para febrero deberá declarar como imputado el alcalde de San José del Valle y diputado provincial, Antonio García Ortega (PP), en el marco de la investigación por las licencias que otorgó para construcciones ilegales entre 2008 y 2010.

También se espera en los próximos meses el desenlace de uno de los culebrones judiciales que más tiempo han perdurado en los juzgados gaditanos: el ‘caso Rilco’. Fuentes judiciales han confirmado que parece inminente un pronunciamiento del Supremo al recurso formulado por la Fiscalía tras la sentencia dictada en 2013.

Ésta se opone a la absolución del exdelegado de la Zona Franca, Miguel Osuna y de los dueños de la empresa adjudicataria del proyecto para desarrollar el polémico portal de comercio electrónico. El antecesor de Osuna, Rodríguez de Castro, fue condenado a ocho años de cárcel.

Muy diferente es la situación del otro procedimiento que pone en tela de cuestión la gestión que tuvo Miguel Osuna al frente de la Zona Franca al principio de la década pasada.

El caso Quality Food lleva casi diez años instruyéndose y todo apunta a que este año 2015 puede producirse el cierre definitivo de la investigación judicial. Los continuos recursos de las defensas, a cada decisión acordada por la jueza instructora, han sido determinantes para que esta instrucción cumpla años en los juzgados.

También parece probable que la investigación por el fraude en las ayudas a la reindustrialización (Bahía Competitiva) pueda poner el punto y final a la instrucción. Pero según fuentes judiciales, no parece probable que sea antes del segundo semestre de este año intenso para la crónica judicial.