La crisis espolea los impagos de pensiones

Los efectos de la crisis son un tema recurrente desde que en 2007 las principales economías del mundo comenzaran a sentir sus consecuencias. Desde el ámbito económico, social hasta el más íntimo de la persona se han visto afectados por una difícil coyuntura que ha puesto en revisión el sistema capitalista asumido en la mayor parte del globo terráqueo.

De estas vicisitudes no se han escapado ni las relaciones humanas. La duración de los matrimonios se han prolongado por no poder hacer frente a los gastos de una disolución; los casamientos se aplazan por el mismo motivo y las obligaciones que contraen los excónyuges también se resienten cuando la recesión cumple más años de la cuenta.

Una de esas consecuencias es el aumento de las denuncias por impago de pensiones.

Según datos recogidos en la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, medio millar de padres fueron llevados a los tribunales por sus exparejas en 2013 (último año del que existe una estadística oficial) .

En dicho documento se habla de un aumento excesivamente elevado y que solo puede responder a «la gran crisis económica que atraviesa el país y que cada año que transcurre acentúa la difícil situación de las familias». El análisis de la Fiscalía se sustenta también en otro incremento estadístico: el de las sentencias que absuelven a los denunciados porque pudieron acreditar que su situación económica había empeorado desde que firmaron el divorcio y no podían hacer frente al pago de la pensión.

Este efecto de la crisis se está notando en este tipo de procedimientos judiciales desde hace dos años. Fue en 2012, según explica la Fiscalía andaluza, cuando se produjo un repunte que hasta la fecha no se había producido y del que no se ha escapado ninguna provincia de la comunidad autónoma. En el caso de la vecina Sevilla, se describe la situación de «extraordinaria subida» con un 73,6% más de la actividad.

El impago de la pensión (habitualmente es el hombre el que debe asumir esa obligación económica) está tipificado como delito en el artículo 227 del Código Penal, que fija como plazo dos meses consecutivos o cuatro alternos a partir del cual la expareja que debe recibir la compensación económica puede denunciar. La pena que se reserva para censurar esta conducta va de los tres meses al año y multa de seis a 24 meses.

La excusa perfecta

La crisis también es la perfecta coartada para aquellos que intentan eludir esa obligación recogida por sentencia o en un convenio acordado y ratificado por la autoridad judicial. Al igual que existen, cada vez, más sentencias que absuelven a los denunciantes; en el otro extremo están los fallos judiciales que condenan por no haber pagado la pensión sin justificación.

En 2013, los juzgados de la provincia dictaron más de 200 sentencias que pusieron en evidencia las argucias de algunos para tratar de demostrar que no tenían ingresos. Algunos de esos casos se consideran una modalidad de «maltrato doméstico» porque prolongan el conflicto con la expareja y complica la situación económica de esta al tener que hacer frente en solitario a los gastos derivados del cuidado de los hijos.

Fuentes judiciales explican que desde que se interpone la denuncia hasta que se cierra la instrucción suele acreditarse si hay dolo o no en la conducta del denunciado.

Aunque no siempre los ingresos del denunciado se pueden acreditar si trabaja en la economía sumergida. Una situación que no es excepcional en una provincia como la gaditana, donde cerca del 30% de su Producto Interior Bruto se asienta en actividades no declaradas, según el último dato ofrecido por el Sindicato de Técnicos de Hacienda.

Estadísticas poco precisas

Las denuncias, condenas y absoluciones por impago de pensiones se encuadran en las estadísticas que maneja la Fiscalía dentro del análisis de los delitos relacionados con el abandono familiar. En este epígrafe se incluyen también los casos graves de absentismo escolar de menores en los que se condena a sus progenitores por no cumplir con su obligación como tutores. En total, en 2013 el Ministerio Público intervino en 974 asuntos, de los cuales más del 50% fueron por denuncias de impagos de las pensiones.

Estas denuncias se tramitan por la vía penal. Pero también pueden resolverse por lo civil y ser el posible denunciado el que solicite a la Justicia una modificación de medidas justificándolo en un cambio drástico en su situación económica. Por eso, desde la asociación Custodia Compartida YA, creen que detrás de muchos padres denunciados también «hay desconocimiento y falta de información de lo que deben hacer cuando acaban en el paro y se ven incapaces de pagar la pensión».

«Nunca se puede dejar pasar varios meses sin pagar. Si es imposible afrontar lo que en su día se estipuló por sentencia o convenio, se debe acudir al juzgado y pedir un cambio de medidas», afirma el portavoz de este colectivo de lucha de igualdad de derechos y deberes entre excónyuges, Emilio Martín. Recuerda, además, que aunque el denunciado gane el pleito porque se reconozca un empeoramiento de su situación financiera, «tendrá que pagar sí o sí todas las mensualidades que ha ido acumulando hasta que se haya dictado sentencia favorable».

Modificación de medidas

Las demandas que ingresan los juzgados de primera instancia o de familia para pedir un cambio de medidas también han crecido como consecuencia de la crisis. Lo reconoce el Consejo General del Poder Judicial en un informe donde repasa el impacto que ha tenido la depresión económica en la disolución de parejas. «La crisis sigue haciéndose sentir en los procedimientos de medidas en procesos de separación y divorcio, así como en los relacionados con la guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales».

En los juzgados gaditanos se registraron el año pasado más de 2.300 peticiones de modificación de las medidas estipuladas en convenios reguladores y sentencias. La mayoría estaba relacionada con la revisión de la cuantía fijada por pensión de alimentos, por detrás de cambios en el régimen de visita de los hijos.

A nivel andaluz, la tendencia es la misma y estas peticiones constituyen las demandas más comunes solo superadas por los divorcios y las separaciones. Las reclamaciones que se hacen de forma unilateral, sin acuerdo entre las partes, son muy superiores a las que se plantean en los juzgados con consentimiento de los dos excónyuges. Para muestra los datos que ofrece el TSJA con respecto a estas demandas ingresadas por los juzgados andaluces en 2013. Las primeras, en las que se evidencia sintonía entre las partes, fueron 694; mientras que las segundas se aproximaron a las 3.000 demandas.

Es, por tanto, la vía civil y la búsqueda de una reducción de la pensión el camino más explotado. Por eso, desde el punto de vista estadístico es relevante que sigan creciendo las denuncias por la vía penal. «También hay mucho exmarido y exmujer –que aunque son menos hay algunas que deben pasar la pensión–, que se sienten derrotados al acabar el proceso de disolución de la pareja. Y por este motivo, en venganza, dejan de abonar la pensión y se buscan cualquier excusa para no cumplir», explican desde la Asociación de Custodia Compartida YA.