El PSOE de Rota le pide al PP que aplique sus medidas anticorrupción con Corrales

La petición de cuatro años y ocho meses de prisión y otros diez de inhabilitación que pesa sobre la alcaldesa de Rota, Eva Corrales (PP), por el 'caso horas extras', supone una profunda contradicción con el discurso de su propio partido, que a través del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defienden haber respondido con medidas para poner coto a la corrupción.

Esa distancia entre discurso y realidad que se vive en Rota es aprovechado por el PSOE para criticar la posición del partido, que ha elegido a Corrales para que sea su candidata en los próximos comicios municipales a pesar de que tiene varias causas judiciales abiertas y un auto de procesamiento donde la jueza que instruye el 'caso horas extras' pide que se siente en el banquillo.

"Esta nueva situación procesal en la que se encuentra la alcaldesa, pone al Partido Popular en una situación muy comprometida, ya que la señora Corrales ha sido designada como candidata a la Alcaldía de Rota, y sin embargo tiene en estos momentos un juicio oral abierto y una petición de condena de más de cuatro años de prisión y diez de inhabilitación".

En un comunicado, la agrupación local del PSOE, le recuerda a los populares que "no hace más de un mes que el presidente del Gobierno compareció en el Congreso anunciando un paquete de medidas para luchar contra la corrupción. En el mismo se incluía que se suspendería de militancia a aquellas personas a la que se le abriera juicio oral por un delito de corrupción que lleve aparejada pena de inhabilitación. Está claro que con el nuevo auto judicial, la alcaldesa de Rota se encuentra en esa situación".

El 'caso horas extras' debe su nombre al volumen excesivamente elevado que cobraba un empleado del Ayuntamiento roteño en concepto de gratificaciones extraordinarias, llegando en un mes a recibir más de 3.000 euros sólo por este concepto.

El fiscal sostiene que esas horas extras servían para encubrir el pago de unos trabajos que le habían sido adjudicado de manera irregular dada su condición de empleado público que le impide acceder a contratos con la Administración.

Desde el Consistorio se respondía que las defensas de los nueve acusados habían recurrido a la Audiencia para intentar archivar las diligencias y que los encargos realizados a este funcionario se ajustaban al Estatuto del Empleado Público.

En el PSOE no esperan que la delicada situación procesal por la que atraviesa Corrales se traduzca en dimisiones: "Estamos acostumbrados a que los dirigentes del Partido Popular incumplan sus palabras una y otra vez".

Pero retan al PP a que demuestre "si las medidas anticorrupción anunciadas por el Presidente del Gobierno van en serio o se trata sólo de compromisos vacíos sin intención de llevarlos a cabo".