Tribunales
Un juez cita a un policía de Marbella que recibió presiones por inspeccionar una polémica discoteca
El local es el epicentro de una investigación judicial en la que ha sido imputado el concejal de Urbanismo
El juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha citado a declarar a un agente de la Policía Local del municipio que ha expuesto supuestas presiones de un mando tras ordenar una inspección de un establecimiento sobre el que se está realizando una investigación por la que ha sido imputado el concejal de Urbanismo, Pablo Moro.
Según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, este policía –subinspector – deberá comparecer el próximo 27 de enero después de que remitiese un escrito a la autoridad judicial relatando unos hechos «para su conocimiento en el caso de que lo considerara relevante».
Todo se remonta al pasado 4 de agosto, cuando el subinspector, después de comprobar «a diario» las situaciones de riesgo para la circulación que se producía a la salida de la discoteca Funky Buddha Beach , decidió enviar a una patrulla que presta servicio en la zona de Las Chapas a inspeccionar el establecimiento.
Los agentes solicitaron documentación de las distintas actividades que se estaban llevando a cabo en las instalaciones y comprobaron que, además de carecer del permiso de apertura, no contaban con la licencia de obras de una piscina que se estaba construyendo.
La persona que estaba entonces al frente del establecimiento, S.M., manifestó que la documentación del mismo se encontraba en una gestoría y presentó «un acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 27 de julio, que califica favorablemente la instalación para actividades de restaurante , pendiente de informe de Sanidad».
Sobre la piscina, la mujer aseguró que la inspección para la autorización de la apertura era inminente y matizó que la autorización de la obra –que entonces ya estaba finalizada– estaba en manos del gestor.
Lo que sucede inmediatamente después es lo que ha llevado al policía a ponerse a disposición de la justicia. En un escrito relata que, cuando ni siquiera la patrulla había abandonado la discoteca –ubicada en el Camino de la Cruz– recibió una llamada de un inspector jefe preguntando «quién había ordenado la inspección». El subinspector, a quien se le transmitió que el local ya había sido inspeccionado y que «estaba todo correcto» –«nada más lejos de la realidad», respondió–, fue reclamado por su superior, quien supuestamente le dijo que tendría que dar explicaciones, tras insinuar que actuó movidos por intereses personales al vivir cerca del local.
El agente solicitó que cualquier reclamación se le hiciese a través de escrito oficial , como así fue. Canal que también utilizó para responder a las reclamaciones y para dejar claro que, por ejemplo, el establecimiento contaba con música cuando su licencia era de restaurante .
Éste, además, reflejó en su escrito ante el juez que, días antes de la inauguración de Funky Buddha Beach, el citado mando le entregó unas invitaciones para la discoteca y que las repartiese entre la plantilla. Él no se quedó con ninguna, precisa a la autoridad judicial.
Estos hechos no se pueden descontextualizar de la investigación que el citado juzgado tiene abierta en torno a este establecimiento y en la que está imputado en edil de Urbanismo, Pablo Moro. Ahora tendrá que decidir si los hechos relatados por este agente están conectados con esta causa.
