Plan de rescate
El sector inmobiliario pide garantías sobre la titularidad en los contratos de Emacsa
Recela de la medida del Ayuntamiento de dar enganches sólo con el padrón y sin acreditar ningún título sobre la vivienda
Córdoba
El plan de rescate ciudadano del Ayuntamiento para ofrecer servicios básicos -en algunos casos gratuitos- a familias en situación de emergencia social genera ciertas dudas por la forma en que se pretende agilizar la concesión de suministros como luz y agua a las familias, que estarán exoneradas de acreditar la titularidad del inmueble . Esto es lo que plantea el cogobierno de PSOE e IU, que sólo impone la presentación del certificado de empadronamiento como requisito para que la empresa municipal de abastecimiento de agua ( Emacsa ) dé el servicio, eliminando la exigencia que existía antes de presentar un título de propiedad, un contrato de arrendamiento o la autorización del propietario del inmueble.
Ahora bastará el padrón , que podrá concederse con un informe de los Servicios Sociales municipales que indique que el solicitante vive en el piso para el que se reclama un enganche de agua.
Es en este punto donde han saltado las alarmas en el sector inmobiliario. «Para poder acceder a un servicio básico hay que acreditar un título que diga en virtud de qué se está ocupando la vivienda», señaló a ABC el presidente de la Asociación de Constructores de Córdoba (Construcor), Francisco Carmona .
En caso contrario, se estaría incurriendo en una irregularidad puesto que «la ley de Disciplina Urbanística de Andalucía exige a las empresas suministradoras que comprueben que las viviendas reúnen todos los requisitos legales y que los demandantes aporten un título válido, es más, sin ningún papel ninguna compañía suministradora lo va a hacer», sentenció.
Esta exigencia afecta también a Emacsa, que no está eximida por ser una empresa municipal. En cuanto a que sólo se pida el certificado de empadronamiento para proceder al enganche de agua, Carmona apuntó que, por ley, «necesitas acreditar tu lugar de residencia para darte de alta en el padrón y eso no se lo puede saltar la Administración local». Al respecto, señaló que «el Ayuntamiento ya se encargará de verificar todos los extremos a la hora de conceder el padrón».
Inseguridad jurídica
El portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba, Agustín León , también abogó por «un mayor control» para que no se distorsione la finalidad del plan de rescate, que no es otra que la de dar respuesta puntual a familias en situación de emergencia. «Confiamos en que el Ayuntamiento sea estricto a la hora de dar el padrón para no generar un derecho en contra de la ley ». El portavoz de los agentes de la propiedad inmobiliaria fue tajante: «No creo que se dé servicio a nadie que esté ocupando ilegalmente una vivienda».
A su juicio, estos cambios en los requisitos del padrón vienen a añadir más «inseguridad jurídica» y a generar más confusión. «Tenemos a cada administración legislando por su cuenta, creando requisitos que luego no se cumplen... debería haber una única política en la misma línea».
El presidente de la asociación de consumidores de Córdoba (Facua), Francisco Martínez Claus , indicó que «la administración es la que debe exigir que se garanticen los requisitos para el empadronamiento, aunque es posible que haya causas que se puedan justificar».
En cualquier caso, Martínez Claus recordó que «el Ayuntamiento debe ser garantista y si ha decidido eximir a los beneficiarios del plan de rescate de los títulos de la vivienda que habitan sus razones tendrá ». Al respecto indicó que «a nosotros no nos han consultado nada al respecto y desconocemos los motivos, aunque nos gustaría conocerlos ».
Por lo demás, el presidente de Facua Córdoba indicó que el plan de rescate, «en principio, es una medida favorable que va a paliar la situación de muchas familias si se cumple con todos los requisitos necesarios».
Medida pensada para «okupas»
El portavoz adjunto del Partido Popular, Salvador Fuentes , cargó ayer contra el plan de rescate, al que calificó «como un corta y pega» sin informes técnicos que lo avalen, un mínimo de seriedad en sus planteamientos y recursos que respalden medidas tan contundentes como la creación de una empresa de distribución eléctrica de propiedad municipal. «Es una medida pensada para okupas», sentenció.
La tesis que sostiene el PP es que dar de alta de esa forma tendrá la consecuencia de que el propietario del inmueble pueda pedir la baja de forma inmediata y reclame responsabilidades legales a Emacsa . Por ello, reclamó que no se caigan en frivolidades y que las medidas sean posibles. Exigió también que se pongan límites de forma que no se incentive la picaresca . Reclamó además que se aclare cuál es el límite en el cual el Consistorio está dispuesto a bonificar el agua a personas sin recursos en unas situaciones, dijo, en las que solo cabe la gratuidad.
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