Empresas presentaban compromisos falsos de contratación para recabar las ayudas

Como lo mejor para entender un caso es irse a un ejemplo práctico, la juez de instrucción Mercedes Alaya decidió encargar un dictamen pericial sobre cursos de formación concretos, expedientes que podían resultar problemáticos, a la Inspección de Trabajo. La lectura del documento muestra las mecánicas de empresas del sector para hacerse con ayudas. El caso concreto de Córdoba que aparece en el documento es una ayuda concedida a una empresa del sector de la formación, Andalucía Polivalentes, que recibió más de 320.000 euros para dar un curso en Córdoba para formar charcuteros, personas que luego acabarían contratadas en sociedades cárnicas para trabajar en sus instalaciones. La autorización del curso se resolvió en diciembre de 2009.

La clave de estos cursos es que tenían un compromiso de contratación. Es decir, había una serie de empresas que habían decidido que se quedarían con los empleados ya formados en sus plantillas. El asunto no es tan sencillo, según el informe del inspector de Trabajo que ha estudiado el caso (en realidad, los casos porque están conectados).

Una de la empresas que presentó compromiso de contratación era una empresa charcutera que dijo que se quedaría con nueve estudiantes salidos del curso de Córdoba. El periodo comprometido eran contratos eventuales de seis meses. Según los datos, la sociedad en cuestión tenía unas posibilidades de contratar bastante limitadas. En concreto, durante la fecha en la que el curso tuvo lugar tenía un solo empleado. Lo máximo que consta en los archivos de la Seguridad Social son cuatro empleados. No tenía ningún centro de trabajo abierto en la ciudad de Córdoba.

Una segunda empresa de carnes y pescados se comprometió, en el momento de la convocatoria, a contratar a 45 estudiantes que salieran de los distintos cursos de formación, entre otros, los que se celebraron en la capital. El problema fundamental es que, en ese momento, la sociedad mercantil tenía la mitad de trabajadores de plantilla. La Inspección de Trabajo ha determinado que el compromiso, en sí mismo, era falso. En el momento de más plantilla, la entrada de los estudiantes en la empresa hubieran duplicado el número de empleados.

En este caso, sí se produjeron algunas contrataciones, en concreto siete. El inspector de Trabajo que ha analizado la documentación cree que, como mucho, se podría haber llegado a una cifra de diez personas. En el expediente aparecen algunas renuncias pero no tantas como para deducir que fue imposible repescar a los nuevos charcuteros, recién formados, para insertarlos en el mercado laboral.

El informe va más allá y asegura que, en realidad, eran ayudas que estaban relacionadas en toda Andalucía con otros expedientes. La Inspección de Trabajo realizó una comprobación encontrando las mismas personas a cargo de sociedades con distinto nombre que eran, a su vez, beneficiarias de las ayudas y presuntos contratadores de futuro. En algunos casos, se facturaban a ellas mismas por servicios de docencia. En toda Andalucía, y solamente en los expedientes analizados, existía el compromiso de contratar a 283 de los 470 estudiantes. No se superaron los 90. Además, no se iba más allá de vinculaciones laborales de apenas unos meses que, de todas maneras, tienen la apariencia de falsedad.

Uno de los expedientes está relacionado con la poda del olivar en la localidad de Carmona. Eran contratos que llegaban a la práctica totalidad de los meses del año. Los manuales consultados por la Inspección de Trabajo aseguran que los olivos de la zona tienen unos meses muy concretos de poda. Lo cual lleva a la Inspección a preguntarse si los contratos fueron falsos en su totalidad o si los olivos de Carmona necesitan más trabajo de poda que los del resto de los campos andaluces.