Las expropiaciones envenenadas del aeropuerto

La lista de calificativos que el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha puesto esta semana a la razón de ser de las obras de ampliación de la pista del aeropuerto de Córdoba -rodeado por tres aeropuertos a poca distancia- deberían sonrojar a cualquiera. «Injustificable, insostenible, irreal...». Con cerca de 65 millones de euros gastados en el recrecimiento incompleto (aún falta soterrar líneas de media y alta tensión) del campo de vuelos, éstos no llegan. Ni se les espera, dado que no hay interés oficial de compañías en ruta, las instalaciones cordobesas carecen aún de ciertos sistemas de control aéreo y seguridad para ajustarse a las nuevas normas internacionales a pleno rendimiento -que llegarían si llegan las aeronaves- y apenas existe un somero estudio para un plan de márketing a futuro y enredado en la pelea política de Gobierno, Junta y Ayuntamiento.

Valga un dato. En 2008, con la pista antigua de vuelo, se lograron en el recinto aeroportuario 22.268 pasajeros. El pasado 2013, ya con el aumento ejecutado, 6.956. Esto es, un 70 por ciento menos de viajeros. Uno de los estudios previos de AENA para esta obra manejaban un horizonte de pasajeros para 2022 de 480.000. Lo peor es que siete años después de que el Pleno del Ayuntamiento diera su respaldo al plan de la entonces alcaldesa Rosa Aguilar (IU) y el Ministerio de Fomento de Magdalena Álvarez (PSOE) para ejecutar esta obra, nadie puede responder a la siguiente pregunta: ¿Cuánto han costado las expropiaciones de suelo para ampliar la pista del Aeropuerto de Córdoba...? Un proyecto que, para más «inri» solo era una de las patas de un ambicioso plan de reforma del recinto aeroportuario con nueva terminal, hangares y parking cuyo coste total rondaba los 120 millones de euros. Y que fue presentado en la Subdelegación del Gobierno de Córdoba a bombo y platillo. En 2010, el entonces ministro José Blanco dio la puntilla a estas pretensiones con la crisis abierta en canal.

Según el Ministerio de Fomento, en estos momentos «hay en los tribunales expropiaciones y justiprecios pendientes» de aclarar tras los recursos de parcelistas y propietarios de terreno. Hasta que no se resuelvan, no habrá cuantía final. A día de hoy, AENA ha pagado 38 millones de euros para obtener gran parte de los suelos. La base de toda esta operación auspiciada en 2005 era que por primera vez un Ayuntamiento en España se comprometía a pagar dinero por comprar suelos para mejorar un aeródromo. Fue el de IU en coalición con el PSOE.

Según datos de AENA, la inversión prevista para afrontar esas expropiaciones ascendía a 43,2 millones. Pero los números acaban siendo otros. Cuando el PP llega a la Alcaldía en junio de 2011 se topa con una importante oquedad en los cajones. Hasta ese momento se había dicho que la parte del pastel que tenía que asumir el Consistorio era de unos 7 millones de euros. El gobierno municipal hace público entonces que la reclamación del ente aeroportuario es de 17 millones de euros. En total fueron expropiadas unas 84 hectáreas en su mayor parte de suelo rústico, aunque se incluían 115 viviendas de parcelaciones aledañas ilegales que fueron derribadas a un precio a mitad de camino del mercado. Al Ayuntamiento, que siempre defendió pagar los suelos de aumento de la pista por la cabecera y la cola, le acabó tocando pagar terreno con casas con los caminos perimetrales. A AENA le salió más cara la factura en unos tres millones. Es a la ciudad a la que se le disparó el compromiso en 10 millones y pagarla supondría romper el equilibrio económico conseguido.