La economía informal, «un atentado contra los derechos de los trabajadores»

El Campus de Jerez acoge desde hoy unas jornadas sobre Economía Informal que supone el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de España, según el experto Javier Pérez, y que afecta a todos los sectores e implica especialmente a los trabajadores «por sus repercusiones negativas ante el incumplimiento de la legislación laboral y de los derechos básicos de los mismos».

Una actividad, ha añadido, que consolida una competencia desleal en relación a empresas con responsabilidad social corporativa y que extiende las contrataciones al margen de la legalidad laboral y de la cotización tributaria. Lo primero, según el director general en funciones de la Universidad de Cádiz (UCA), es «determinar» las causas e ir al origen de un problema que existe en todos los países en función de su desarrollo y transparencia económica, ha señalado la Universidad hoy en una nota.

El secretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, ha abogado durante estas Jornadas por una lucha contra el fraude  y ese trabajo irregular que fomenta una reducción de los derechos laborales y la competencia desleal: «Es un atentado contra los derechos de los trabajadores». De acuerdo a los datos facilitados por el Gobierno hoy, l as campañas específicas realizadas contra el fraude han permitido aflorar 51.250 empleos y han transformado 29.721 contratos temporales en indefinidos entre 2012 y hasta marzo de 2015 en Andalucía.

Desde el trabajo doméstico a la venta espontánea

Los expertos denominan economía informal o economía irregular a esa actividad oculta solo por razones de elusión fiscal o de controles administrativos (trabajo doméstico no declarado, la venta ambulante espontánea o la infravaloración del precio escriturado en una compraventa inmobiliaria, entre otros asuntos). Forma parte de lo que se conoce como economía sumergida, junto a otras actividades ilegales como el contrabando de tabaco, la venta de productos piratas o el tráfico de drogas.

En la misma línea ha apuntado la alcaldesa María José García-Pelayo que ha calificado la economía informal como un drama, que hay que afrontar con extraordinaria «sensibilidad» ya que la actual situación obliga a que haya personas que se enriquezcan usurpando los derechos de los trabajadores. «Hay que perseguirlo hasta el final -ha finalizado la primera edil- para no permitir ni un solo abuso».