caso ERE
El Supremo pide permiso al Congreso para abrir el procedimiento penal contra Viera
La Sala Segunda acuerda inculpar al exconsejero de Empleo por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos
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La Sala II del Tribunal Supremo ha acordado este jueves solicitar al Congreso de los Diputados autorización para dirigir el procedimiento penal contra José Antonio Viera , el único aforado en la causa de los ERE fraudulentos tras la dimisión de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías (que renunciaron al escaño en la Cámara Baja el pasado 3 de julio) y José Antonio Griñán , que cesó como senador por la Comunidad andaluza hace un mes.
En un auto, el Alto Tribunal ha acordado también inculpar en el fraude a quien fuera consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2004, al que el juez instructor del caso ERE, Alberto Jorge Barreiro, acusó de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos .
La Sala acuerda remitir el correspondiente suplicatorio al presidente del Congreso, Jesús Posada , a través del presidente del Supremo. A la solicitud se acompaña la exposición razonada, de 129 páginas, que elaboró Barreiro en la parte que se refiere a Viera, puesto que también acusó de prevaricación administrativa al resto de aforados . Hasta que el Congreso se pronuncie, se suspende la tramitación de actuaciones contra Viera.
Barreiro coincidió con la juez que inició la investigación en 2011, Mercedes Alaya , en que los indicios contra los aforados «derivan de su posición de alta y especial responsabilidad política » atendiendo a los cargos que desempeñaban y a su intervención en las decisiones de «creación o mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder e incluso, respecto a alguno de ellos, en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación del referido sistema».
En el caso de Viera, que se dio de baja del PSOE para mantener su aforamiento, el juez lo inculpa por haber sido uno de los dos firmantes del convenio que el 17 de julio de 2001 implantó el fondo de reptiles y también lo señala como inductor de las abundantes ayudas ilegales concedidas a la comarca de la Sierra Norte de Sevilla.
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