El «todopoderoso» Gaspar Zarrías, este jueves ante el Tribunal Supremo

Gaspar Zarrías , el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, será hoy el cuarto de los cinco aforados imputados en desfilar por la sala del Tribunal Supremo, donde el juez instructor Alberto Jorge Barreiro ya ha tomado declaración al exconsejero de Empleo José Antonio Viera y a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

La ronda de declaraciones la cerrará el martes la exconsejera Mar Moreno . Zarrías, al que la parlamentaria de IU Alba Doblas bautizó como «el todopoderoso» en la comisión que investigó los ERE, presidió hasta doce sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros (los llamados consejillos) en las que se trataron acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como «fondo de reptiles».

A tenor del estudio de las sesiones relacionadas, los agentes concluyen que Zarrías, como consejero de Presidencia, «habría presidido un total de ocho sesiones en las que se habrían expuesto acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L », a lo que se suma que «habría presidido otras cuatro sesiones en las que se habría dado lectura y aprobación de acuerdos adoptados en reuniones anteriores de la Comisión en las que éste no asistió».

En relación a la «arbitrariedad» con la que se concedieron las ayudas, los agentes de la UCO dicen que «llama poderosamente la atención la definición dada por Zarrías a los criterios por los que se concedían las ayudas: criterios de singularidad », los cuales «habrían provocado el uso descontrolado de los fondos correspondientes al programa 31L», citando como ejemplo «la concentración de ayudas en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla , donde se concedieron ayudas con total arbitrariedad por importe total de 56,4 millones, las cuales habrían supuesto el 66 por ciento del total de las subvenciones a empresa otorgadas en la comunidad por parte de la Consejería de Empleo».

A juicio de la UCO, «todo este presunto marco de corrupción tiene su génesis en el abuso descontrolado de los fondos públicos por parte de determinadas personas , y de un sistema arbitrario supuestamente ideado para dar respuesta a unos conflictos sociales que se estaban produciendo en ese momento en Andalucía, así como a la consecución de una concertación social planteada en un programa político».