La Junta rebaja a 733 millones la cantidad sin justificar de las ayudas a la formación

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta ha rebajado a 733,7 millones de euros, el dinero repartido en subvenciones para la formación que está pendiente de justificar. Según un comunicado de la Administración andaluza, son ayudas imputables al programa de Formación para el Empleo (periodo 2007-2015).

El departamento que dirige Luciano Alonso ha querido responder a las informaciones sobre el levantamiento del secreto parcial de las actuaciones que pesaba sobre la causa del fraude en los cursos de formación, y que recoge un importe superior a los 3.000 millones de euros sin justificar. La Consejería afirma que ese dato, que recogen distintos medios de comunicación «no se corresponde con la realidad» y que se trata de «una interpretación errónea» de la información remitida por la Intervención.

La Intervención General de la Junta de Andalucía ha elevado a 3.015 millones de euros las cantidades pendientes de justificar y que han sido objeto de requerimiento por parte de las intervenciones competentes en relación a los programas 32D y 32L vinculados a las subvenciones para los cursos de formación entre los años 2005 y 2013.

De este modo, y según consta en la información remitida el 17 de marzo por la Intervención de la Junta de Andalucía a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, hasta 2.260 millones de euros estarían vinculados a los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y el resto a las ocho delegaciones provinciales.

De los expedientes que acumulan las delegaciones territoriales, destacan los casos de Sevilla, con 262 millones, y de Cádiz, con 229 millones.

Según el comunicado de la Consejería, en la información publicada en la Cuenta General, que elabora la propia Intervención General, y que audita y publica la Cámara de Cuentas de Andalucía, se pueden consultar los libramientos pendientes de justificar de Formación para el Empleo que «ascienden a 733,7 millones de euros», según el dato remitido por la Consejería de Hacienda.

Por ello, considera que la información publicada sobre los 3.015 millones de cantidades pendientes de justificar es «la suma de todos los requerimientos que ha realizado la Intervención General de la Junta de Andalucía para la ejecución de esos libramientos desde el año 2005 hasta la actualidad», por lo que, según explica el departamento de Luciano Alonso, «se suman todas las veces que se han requerido las cuantías desde 2005, aunque estas cuantías se repitan cada año».

«De ahí que la cuantía final sea notablemente superior a los libramientos pendientes de justificar que como se ha señalado ascienden para el programa 32D a 733,7 millones», ha reiterado, apuntando que las cuantías requeridas se van reiterando cada año hasta que se produce su completa justificación.

La información sobre libramientos pendientes de justificar está recogida en la Cuenta General que elabora la Intervención General de la Junta de Andalucía, y que audita y publica la Cámara de Cuentas de Andalucía. La información completa sobre libramientos por ejercicio y por cada sección presupuestaria está publicada en la página web de la Consejería de Hacienda desde septiembre de 2014, momento en que se forma la cuenta del ejercicio anterior, en este caso 2013.

Ante esto, la Consejería ha resaltado la «plena y completa» transparencia sobre este mecanismo recogido tanto en la norma estatal, artículo 79 la Ley General Presupuestaria, como en la Ley General de Hacienda de la Junta de Andalucía.

Además, señala que la información se refiere a cuantías que están en revisión de aquellos expedientes previos al 2007 y en tramitación de su justificación en plazo administrativo desde 2007 en adelante, y por tanto a expedientes sobre los que las entidades ya han presentado la documentación y están pendientes de tramitar.

Por último, la Consejería de Educación afirma que está desarrollando una «intensa» actividad para tramitar estos expedientes posteriores a 2007 con «la máxima celeridad posible» para lo que ha establecido un plan especial con funcionarios cualificados.

Esta versión oficial contrasta con las declaraciones vertidas en sede judicial por un interventor, quien consideró «muy escasos» los procedimientos de reintegro iniciados por la Junta; si bien a continuación matizó que «ahora mismo no tiene datos suficientes para saber si efectivamente los iniciados tenían la tendencia a ser paralizados o a archivarse por alguna razón».

También puso de manifiesto la «falta de medios, sobre todo de personal», existente en la Intervención, pues «cada unidad se nutre de personal escasamente cualificado que carece de formación específica ya que vienen de otras áreas de la Junta, desconociendo los conocimientos más básicos, tales como contabilidad»; de ahí que «se produzca un retraso importante en la emisión de los informes, teniendo en cuenta además que cada vez son más numerosas las áreas de riesgo y requerimientos judiciales».