Cobrar la renta básica también tendrá contraprestaciones

Un mínimo de 300 millones anuales son los que organizaciones sociales y formaciones políticas apuntan como necesarios para que se pueda implantar en Andalucía la denominada renta básica, una aportación de la Administración, en este caso la Junta, a las personas que carecen de cualquier tipo de ingreso, que en todo caso deberán firmar una especie de contrato con compromisos de la Administración y de los beneficiarios para que sigan un itinerario de inserción socio laboral. Se parte de que no puede ser una prestación universal, pero la idea es ampliar considerablemente las ayudas que actualmente se entregan a través del salario social y por otros conceptos.

«La renta básica está pensada para todo el año (el salario social es para seis meses) y también se ampliaría el número de personas a recibir la ayuda», afirma en declaraciones a ABC Rosario Soto, parlamentaria del PP que forma parte del grupo de trabajo creado en la Cámara autonómica para dar forma al proyecto de ley.

Oficialmente no hay una cantidad preestablecida para darle cobertura a la implantación de la renta básica en Andalucía, aunque la Junta, según informó Cáritas en una comparecencia ante el grupo de trabajo, tiene como punto de referencia triplicar el presupuesto anual destinado al salario social, entre 90 y 100 millones de euros, ya que se trata de una partida ampliable en función de las necesidades.

Rosario Soto ve compatible la labor de los partidos políticos de cara al futuro proyecto de ley con la Iniciativa Legislativa Popular, que en cualquier caso, de ser aceptada su tramitación, necesita el aval de 40.000 firmas. «Lo entiendo porque el Gobierno lleva ya tres años, y ha habido tiempo suficiente para aprobar la renta básica».

«Está claro que se debe hacer una renta básica social o de inserción, para personas que necesitan por sus condiciones de pobreza u otros motivos un apoyo permanente», expone Soledad Pérez, del Grupo Socialista. La previsión es que exista «una contraprestación, que se firme un contrato con compromisos de la Administración y de los beneficiarios para que éstos sigan un itinerario de inserción laboral o social, o de los dos, dependiendo del perfil de las personas, y que sea de obligado cumplimiento. Será una prestación económica con acompañamiento, y en eso parece que hay bastante consenso por parte de todo el mundo».

También hay consenso, refiere Soledad Pérez, en que hay que aprovechar las reflexiones del grupo de trabajo para ordenar las ayudas que otorga la Junta y aglutinarlas en una sola, la renta básica, «con criterios objetivos».

La parlamentaria socialista manifestó que aún no hay un estudio económico que determine el presupuesto de la renta básica. Los datos reales son que la Junta destina 90 millones anuales al salario social y reparte además casi 160 en otras medidas para combatir la pobreza. No obstante, indicó que los 300 millones que barajan otras organizaciones «no nos parece una cantidad desorbitada, y no es un disparate de dinero lo que se está planteando».